La inestabilidad y discontinuidad en el liderazgo del Ministerio del Interior, perjudica la gestión del orden interno y seguridad ciudadana

PRONUNCIAMIENTO N° 02 - 2025 - ADOGEN PNP

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Los Oficiales Generales PNP en situación de retiro de la Asociación de Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú, expresan a la opinión pública lo siguiente: 

1. La junta de portavoces del Congreso de la República del Perú, acordó que la moción de censura presentada contra el Ministro del Interior, será debatida y sometida al voto, el día 21 del mes en curso, argumentando el aumento de la delincuencia y responsabilizando al sector Interior por la crisis de violencia y criminalidad que vive el país.

   
   

2. Si verdaderamente se desea hacer frente a la violencia criminal que viene afectando no solo a los habitantes sino al país en general, entonces se tiene que tener el coraje e hidalguía de reconocer que las reales causas de la criminalidad en el Perú son estructurales, profundas y multifactoriales, relacionadas con aspectos económicos, sociales, políticos e institucionales.

   
   

3. Eso implica la imperiosa e impostergable necesidad de "romper los pilares" que sostienen el estado caótico de lucha contra la criminalidad; para eso, hay que cambiar el sistema de justicia inoperante que tenemos, que no solo ha pervertido la justicia, sino que ha pervertido el accionar de las instituciones involucradas en luchar contra la delincuencia y la criminalidad. Se tendría que: Devolver al Poder Judicial la persecución e investigación del delito, la premisa que “si no hay acusación no hay delito ha fracasado”, “el querer convertir a los fiscales en policías ha fracasado”, “el convertir a los fiscales en juez y parte ha fracasado”; “el sistema judicial acusatorio garantista ha fracasado”; hay que volver al ‘principio de Legalidad’ que reconoce la Constitución, “ el principio de oportunidad es inconstitucional”; “un fiscal no puede decidir la suerte del hecho criminal sin pasar por el arbitrio judicial”; hay que restituir la Tutela Judicial Efectiva en donde sea un juez quien decida si un hecho es delito o no; hay que restituirle a la víctima su derecho a ejercer la acción penal ‘per se’ como acusación particular; hay que devolverle íntegramente a la PNP la investigación policial (hoy mal llamada investigación preliminar), hay que derogar en su totalidad el Código Procesal Penal para que la justicia en el Perú vuelva a ser justicia.

   
   

4. El Ministerio Público debe de cesar de pretender hacer el trabajo de la Policía por cuanto está demostrado que entorpece su labor y por tanto la lucha contra la delincuencia. El MP hacía una buena labor como defensor de la legalidad en el proceso penal, y lo puede seguir haciendo, pero siempre a través del Juez, especialmente en la lucha contra las organizaciones criminales.

   
   

5. La responsabilidad del Sector Interior por la inseguridad que afecta al país, no es producto de deficiencias en el accionar policial, que a diario interviene, detiene y desbarata a organizaciones criminales para ponerlos a disposición del Ministerio Público (no del juez), y que en un porcentaje considerable terminan en libertad debido a los procedimientos establecidos en el sistema de justicia acusatorio garantista. De estos hechos a menudo dan cuenta los medios de prensa en sus noticieros y publicaciones, generando la natural indignación en la población cuando estos delincuentes vuelven a cometer las extorsiones y el sicariato que traducidas en muertes de inocentes conducen al caos, propio de un país sometido al miedo.

   
   

6. Los países que han logrado resolver exitosamente sus crisis de violencia criminal aún más graves que la nuestra, asumieron en su momento la decisión de denunciar a los pactos de Costa Rica, San José y CIDDHH, y establecieron medidas drásticas y efectivas para luchar contra la violencia criminal, y no caer en el juego político o intereses de grupos de poder porque eso desestabiliza el país.

   
   

7. Hacemos un llamado a la reflexión a los honorables Congresistas de la República, para reparar que: «la continuidad» de las diversas políticas públicas orientadas a combatir los graves problemas de seguridad y otros desafíos nacionales, como es la lucha frontal contra la criminalidad, es crucial la firmeza y mano dura, para poder tener resultados sostenibles que los habitantes del país y los inversionistas extranjeros esperan.

   
   

Santiago de Surco, 20 de marzo de 2025